En 1921, un transbordador que cubría la travesía de la laguna Ébrié, en Côte d’Ivoire, volcó. El accidente dio lugar a un litigio aparentemente corriente, pero la decisión del Tribunal des conflits que se derivó de él redefinió la frontera entre el derecho público y el derecho privado en Francia. La sentencia Bac d’Eloka sentó las bases de una distinción que se convertiría en un elemento estructural: la que existe entre servicio público administrativo y servicio público industrial y comercial.
Por qué la sentencia Bac d’Eloka no se reduce a una privatización del servicio público
El Tribunal des conflits no excluyó una actividad pública del derecho administrativo para someterla por completo al derecho privado. El alcance de la decisión es más limitado de lo que sugiere esa interpretación.
El Tribunal consideró que la colonia de Côte d’Ivoire, al explotar un servicio de transporte de pago en condiciones comparables a las de un armador privado, estaba sujeta a la competencia de los tribunales ordinarios en los litigios relacionados con los daños causados a los usuarios. No creó un régimen uniforme de derecho privado aplicable a todo el servicio. La ficha de la sentencia Bac d’Eloka detalla las circunstancias concretas de esta decisión y el alcance real del razonamiento seguido.
Las categorías y los criterios generales para identificar un servicio público industrial y comercial (SPIC) se precisaron mucho después, en particular con la sentencia Union syndicale des industries aéronautiques de 1956. La sentencia de 1921 abrió una brecha, pero no construyó todo el edificio.

SPIC y derecho privado: las excepciones que generó esta distinción
Quizá piense que un SPIC se rige íntegramente por el derecho privado y que los tribunales ordinarios son competentes para todos los litigios. En realidad, el reparto está fragmentado.
Los actos de organización siguen siendo administrativos
La sentencia Compagnie Air France c. époux Barbier, dictada por el Tribunal des conflits el 15 de enero de 1968, estableció un principio correctivo. Algunos actos relativos a la organización del servicio siguen siendo actos administrativos, incluso dentro de un SPIC. Así, un reglamento interno que establezca las condiciones de empleo del personal de vuelo puede ser competencia de los tribunales administrativos.
Este reparto significa que un mismo servicio genera dos tipos de litigios, que se tramitan ante dos órdenes jurisdiccionales distintos. Por tanto, la frontera trazada en 1921 no es una línea recta.
El estatuto del personal: un mosaico jurídico
Los empleados ordinarios de un SPIC suelen estar sujetos al derecho laboral y a la jurisdicción ordinaria. Hay dos categorías que constituyen una excepción:
- El director del servicio, considerado empleado público independientemente de la forma de su contrato, porque participa directamente en la prestación del servicio público.
- El contable público, sujeto a las normas de contabilidad pública y a la jurisdicción administrativa para los litigios relacionados con sus funciones.
- Cualquier empleado que, sin ostentar el título de director, ejerza funciones de dirección efectiva del servicio, según la jurisprudencia posterior.
Resultado: en un mismo SPIC, el director y un técnico no están sujetos al mismo juez. Esta complejidad deriva directamente de la distinción inaugurada por la sentencia Bac d’Eloka.
Calificación como SPIC o SPA: los criterios que sigue utilizando el juez
¿Cómo saber si un servicio público es industrial y comercial o administrativo? La jurisprudencia ha establecido tres criterios principales, que el juez aplica de forma conjunta:
- El objeto del servicio: ¿produce bienes o presta servicios comparables a los de una empresa privada?
- El origen de los recursos: ¿se financia principalmente con las tarifas que pagan los usuarios o con impuestos y subvenciones públicas?
- Las modalidades de organización y funcionamiento: ¿se gestiona como una empresa privada (contabilidad mercantil, personal sujeto al derecho privado)?
En principio, un servicio financiado mayoritariamente con impuestos se calificará como servicio público administrativo, aunque se parezca a una actividad comercial. La financiación suele pesar más que el objeto a la hora de determinar la calificación.
El reparto de competencias se ha precisado para sectores enteros. Por ejemplo, se han dictado resoluciones específicas sobre los servicios de saneamiento para determinar si son competencia de los tribunales administrativos o de los ordinarios. Cada nueva calificación sectorial prolonga la lógica iniciada en 1921.

Alcance actual de la sentencia Bac d’Eloka en el derecho administrativo
Más de un siglo después de la decisión, la distinción SPA/SPIC sigue siendo un pilar de la enseñanza y la práctica del derecho administrativo francés. Determina la competencia jurisdiccional, el régimen del personal, las normas contractuales aplicables a los usuarios y el derecho de responsabilidad.
Las decisiones recientes muestran que la calificación y sus consecuencias siguen siendo objeto de debate ante los tribunales. El Tribunal des conflits interviene con regularidad para resolver cuestiones de competencia cuando la naturaleza de un servicio es ambigua.
La sentencia no privatizó una parte del servicio público en el sentido de que la Administración perdiera todo control sobre esas actividades. Abrió paso a un reparto más preciso de las normas y los jueces, que obliga a analizar cada servicio caso por caso. La competencia del juez depende de la naturaleza del acto, no solo de la naturaleza del servicio.
Un usuario herido en un transporte público municipal no acude al mismo tribunal que un administrado que impugna una licencia de obras. Este reparto de competencias, fruto de más de un siglo de jurisprudencia, tiene su origen en la brecha abierta por la decisión de 1921.



